Beatriz Espinoza//
Las caravanas migratorias, provenientes desde El Salvador y otras naciones que transitan por México hacia los Estados Unidos, han significado una serie de tensiones sociales de diversa índole, aseguró el académico José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez.
El especialista en estudios sociales y docente del Departamento de Trabajo Social habló del problema migratorio en México en el marco del pasado Día Internacional del Migrante y estableció que uno de los conflictos más notables ha sido la presión diplomática de parte del gobierno de Estados Unidos al de nuestro país queriendo que establezca una política de disuasión, retención y expulsión de las caravanas migratorias.
“Otra tensión social es la generada en la frontera ante la política estadounidense de ‘espera en México’ la respuesta a la solicitud de asilo, protección humanitaria, búsqueda de refugio o reunificación familiar, ha implicado la ‘aglomeración de migrantes’ en ciudades fronterizas”, comentó.
Explicó que los procesos de las caravanas migratorias y el del programa “Espera en México”, provocan otro tipo de tensiones sociales, en particular, con grupos delictivos organizados que han encontrado en este fenómeno social, su forma de vivir, extorsionándolos y cobrándoles por un supuesto “viaje seguro” que, en ocasiones, puede terminar de manera trágica, refiriéndose a accidentes como el ocurrido el pasado 10 de diciembre en el sur de México con un saldo desafortunado de más de 50 personas fallecidas.
“Comprender las muertes de migrantes en hechos como los citados va más allá de señalar culpables; es comprender, dijo, un fenómeno trasnacional donde no se reconocen la migración por motivos laborales, no se reconoce el derecho internacional a la libre movilidad y faltan estructuras internacionales que coadyuven a reconocer los derechos humanos de los migrantes en búsqueda de asilo o de trabajo”.
Rodríguez Gutiérrez recordó que las migraciones internacionales se han incrementado notablemente en la última década como causa de las condiciones de guerra, violencia social y desastres naturales de sus lugares de origen y por la forma en que se trata a los migrantes, se les pueden considerar como sujetos sin acceso a los derechos humanos.
Destacó que en el caso de la región de América del Norte, donde está el mayor corredor migratorio México-Estados Unidos, la política migratoria es utilizada como mecanismo de competitividad del mercado laboral y se estima que en los últimos años, la población migrante de origen mexicano se ha ‘estabilizado’ en aproximadamente 11 millones de personas.
Detalló que la falta de voluntad política a reconocer el derecho a la libre movilidad de las personas está muy claro en los diferentes pactos que existen en Europa y en Estados Unidos donde se han impuesto acuerdos para detener y repatriar a los migrantes.
“Estados Unidos impone acuerdos como el Plan Puebla-Panamá (2001), el Plan Frontera Sur (2014), el acuerdo migratorio “quédate en México (2021), que tienen como meta frenar, detener y repatriar a los migrantes centroamericanos en Chiapas, México, evitando que lleguen a los Estados Unidos y la respuesta social han sido las caravanas migratorias que no son tan distintas a las mareas migratorias en Europa”, detalló.
Añadió que las caravanas migratorias rompen con los tradicionales tránsitos migratorios pues se mueven por la vía terrestre, se conforman de familias, se entregan a las autoridades de Estados Unidos buscando asilo, refugio, ayuda humanitaria o reunificación familiar ya que la mayoría tiene familiares que viven o dicen vivir en el vecino país del norte.
“Fue con Donald Trump con quien inició este programa donde poco más de 60 mil solicitantes de asilo fueron rechazados y obligados a espera en México, y esto ha generado una serie de tensiones sociales con la población residente y también, representa la oportunidad de ‘negociar’ con polleros y traficantes que les prometen llevarlos y terminan como el caso reciente de Chiapas”, apuntó.