Olivia Paredes
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, académicas del Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Regional Sur (URS) de la Universidad de Sonora realizaron el conversatorio virtual El feminicidio en el debate actual, en el que también participaron legisladoras y activistas.
El evento organizado por el Cuerpo Académico Unison-CA-165, la Academia de Derecho, las comisiones de Equidad de Género y de Atención de la Agenda Manual 2030, y la Red Feminista Sonorense, tuvo como objetivo crear un espacio para informar y debatir sobre las acciones que se llevan a cabo, tanto en organismos públicos como de la sociedad civil.
Durante la inauguración, la vicerrectora Adriana Leticia Navarro Verdugo puntualizó que es muy importante la lucha y la búsqueda de la equidad de género, así como la eliminación de la violencia que desafortunadamente ocurre en todos los ámbitos, y sobre todo en el periodo tan sensible que actualmente se vive en México y el mundo.
“Agradezco la colaboración con todos los niveles de gobierno, sobre todo por el trabajo arduo de investigación, coordinación y vinculación con todos los sectores a beneficio de que busquemos las mejores leyes y la aplicación de las que ya tenemos en cuanto a la discriminación y equidad de género.
La funcionaria universitaria añadió una felicitación a la académica María del Rosario Molina, quien durante 15 años ha trabajado con esfuerzo y dedicación en temas de equidad de género en la institución, y actualmente está frente el Cuerpo Académico y en la Comisión de Equidad de Género en la Unidad Regional Sur.
En el conversatorio, donde se expuso que la incidencia de violencia contra mujer y de género no ha disminuido, y que como se deduce en los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, se refleja un pronunciamiento por el confinamiento forzoso en el marco de la pandemia, participaron las diputadas federales Silvia Lorena Villavicencio Ayala y Wendy Briceño Zuloaga.
Villavicencio Ayala destacó que la violencia contra las mujeres es la pandemia en la sombra, como bien lo denomina la Organización de las Naciones Unidas, que crece en medio de la crisis por covid-19, y esto obliga a todas las mujeres a hacer un esfuerzo colectivo.
“Y por eso quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo colectivo que está haciendo justamente el movimiento amplio de mujeres y feministas, por darle y colocar sobre la mesa este importante tema que es la violencia y que evidentemente no sólo se nos está negando el acceso a la justicia, sino la violencia impide el ejercicio pleno de nuestros derechos.
“Por eso para nosotras, las Diputadas de la paridad, el tema de la violencia de género se ha convertido en un tema fundamental, entre otras cosas, porque nos parece que el tema de la desigualdad, el tema de la discriminación que hemos vivido las mujeres a lo largo de la historia, es un elemento central que explica la violencia que estamos viviendo las mujeres no solo en ámbito privado, sino también en el público”, resaltó.
La legisladora señaló que el feminicidio se ha convertido en el punto de quiebre de muchas mujeres con la vida institucional, por no encontrar una respuesta clara del Estado mexicano, que no sólo niega el acceso a la justicia, sino impide el ejercicio de derechos como la dignidad, integridad, las libertades y la propia vida.
Por su parte, Briceño Zuloaga manifestó que en los últimos dos años, la Comisión de Igualdad de Género, en coordinación con la Comisión de Justicia, ha trabajado en torno a la prevención de la violencia, principalmente la más extrema de todas: la feminicida.
“Quiero decir que consideramos nuestra tarea legislativa, no solamente en el ámbito de la modificación de las leyes, creo que esta perspectiva está en la discusión en el asunto del tipo penal y cómo promovemos su homologación ha sido parte de una discusión central. Empezamos a dialogar sobre el tema de cómo homologar el tipo penal y como hacer siempre más claro y como rescatar lo que ya estaba y no hacerlo confuso.
“Lo primero es reconocer a quienes han promovido originalmente la tipificación, desde la definición: esto procede de los grupos de mujeres, de organizaciones, de legisladoras, activistas y víctimas, y todo ello nos ha llevado a que este tipo penal exista, haga una diferencia de un homicidio y señale el tema de género que es fundamental”, acentuó.
Wendy Briceño subrayó que la apuesta no es aumentar las penas para prevenir la comisión de los delitos, ya que esto no infiere en los perpetradores, sino fortalecer las instituciones y que funcione el sistema de justicia que tiene grandes deficiencias y un 99% de impunidad.
En el conversatorio también participó Leticia Burgos Ochoa, de la Red Feminista Sonorense, quien precisó que las cifras que otorga el Sistema Nacional de Seguridad Pública a partir del 2017 respecto al número de feminicidios, no reportan la incidencia real y que incluso ésta está muy por debajo de los números reales.
“El debate actual es verdaderamente lacerante, porque mientras coincidimos en que tenemos un retraso de 30 años; y lo refiero al hecho de que paradójicamente, contrario a lo que pudiéramos desear, los hechos de Ciudad Juárez en la década de los 90 le dan vuelta al mundo, y al 2002, en el marco de las Naciones Unidas, se trabaja por un diagnóstico sobre qué estaba pasando en México respecto a los feminicidios.
“Y llegamos al 2007 con la aprobación de la Ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia, y en el 2018 la demanda de homologar el tipo penal del feminicidio; es decir, una violencia institucional consignada a nivel internacional por la sentencia del Campo Algodonero”, describió.
La activista social enfatizó que en durante la línea de tiempo en mención, han sido las víctimas, las madres, el organismo ciudadano nacional del feminicidio, y recientemente la Red Nacional de Alertistas, y todas las organizaciones alrededor de las víctimas, quienes han colocado con una necesidad impostergable la demanda de una emergencia nacional de alerta”, agregó.
Es importante mencionar que el feminicidio como delito autónomo se legisló en México en el Código Penal Federal en 2012, mientras que en Sonora la adición al Código local ocurrió en 2013, como resultado no sólo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras vs México, conocido como Campo Algodonero, sino una serie de hechos que describen una múltiple violencia hacia la mujer.