Jesús Alberto Rubio//

El tema de la explotación sexual y el tráfico de personas es muy complejo ya que estamos hablando de un delito grave que atenta contra los derechos humanos y, además, es un problema que está muy relacionado con la violencia de género y familia, además de la delincuencia organizada, afirmó Dolores Guadalupe Morales Flores, coordinadora Divisional de Servicio Social de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora.

En ocasión de la conmemoración del Día internacional sobre la explotación sexual y la trata de personas estableció que ese delito afecta la libertad de las personas, sobre todo de mujeres, niñas, niños y adolescentes, en el que se busca ejercer un control sobre ellas a través de la amenaza, al uso de la fuerza y otras formas de violencia con fines de explotación.

“La cara visible de este delito es la explotación sexual, trabajos forzados, matrimonios forzados, extracción de órganos, alquiler de vientre, adopciones ilegales, entre otras”, puntualizó.

Morales Flores dijo que, aunque en todos los países del mundo se presenta ese fenómeno, ya sea como lugar de origen, de tránsito o de destino de las víctimas, según la Organización de las Naciones Unidas en América Latina se presenta la mayor cantidad de niñas y mujeres que son víctimas de la trata de personas y que la tendencia va en aumento.

Planteó que, si bien es cierto algunos organismos internacionales están atendiendo esa problemática, afirmó que se requieren esfuerzos más integrales con enfoques multidisciplinarios que ataquen frontalmente esta situación que por tantos años se ha venido invisibilizando.

Señaló que es importante establecer acciones cooperativas, tanto desde el ámbito legislativo, desde la investigación y atención de este tema, así como en la implementación de estrategias preventivas, sobre todo contra la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, porque generalmente son estas conductas las que propician la explotación y esclavitud de las personas.

“No menos importante es la asistencia y protección a las víctimas, a fin de que sean beneficiarias de los apoyos físicos, psicológicos y sociales, necesarios para alcanzar su recuperación”, sostuvo.

Poblaciones con mayor vulnerabilidad

Luis Isaac Coronel Villegas, miembro fundador del Grupo de Apoyo y Atención Psicopedagógica Integral (Gaapsi), indicó que la trata de personas es un fenómeno social muy antiguo que atenta contra los derechos humanos ya que desde hace cientos de años mujeres y niños han sido separados de sus familias y hogares para ser obligados a realizar trabajos forzados, y ser víctimas del tráfico de órganos y explotación sexual.

El asesor técnico pedagógico de Zona 19 de Educación Especial Federal, señaló que históricamente las poblaciones con mayor vulnerabilidad son mujeres y niños que viven en situación de pobreza extrema, condición migratoria o pertenecientes a una etnia indígena.

En la actualidad, subrayó, ese tipo de delitos se ha incrementado, llegando cada vez a más niños y jóvenes sin distinción social y/o económica, incrementándose por medio del uso de las redes sociales.

“Contribuyen, aún más, el ciberacoso a través del grooming, fenómeno en el que un adulto interactúa con un menor usando un perfil falso para ganarse su confianza y así ganar algún favor o beneficio sexual”, advirtió.

Coronel Villegas comentó que consecuentemente, durante la contingencia sanitaria por covid 19, la tecnología y los medios de comunicación están siendo herramientas de gran importancia para la socialización y el desarrollo de actividades esenciales, como lo es la educación y el trabajo.

“Por tal motivo, se puede inferir que en tanto mayor sea el tiempo de exposición a estos medios, mayores serán los riesgos inherentes al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como es el ciberacoso o la violencia sexual por medios digitales”, añadió.

Es por ello, dijo, la importancia de la articulación de las diferentes esferas sociales para visibilizar y sensibilizar sobre dicha problemática. “Los padres (deben) escuchar y establecer diálogos de confianza sobre lo que hacen y sienten sus hijos, así como el tipo de contenido que ven por internet”.

Protocolos de actuación

Clarissa Arenas Hinojosa, académica del Departamento de Trabajo Social, dijo que la ruta crítica que señalan los protocolos de actuación en materia de prevención del abuso sexual a niñas niños y adolescentes nos hablan de por lo menos dos niveles de intervención.

Precisó que la primera o de nivel primario tiene que ver con acciones de difusión y sensibilización con padres o personas adultas responsables de su protección, así como los planteles escolares, comunidades o redes de apoyo. “La segunda es aquella que va desde la intervención en población de riesgo, atención inmediata ante la sospecha, la denuncia y la atención y trabajo terapéutico”, añadió.

José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez, coordinador del Posgrado Integral en Ciencias Sociales (PICS) de la Universidad de Sonora, opinó que a la explotación sexual y la trata de personas se les identifica como un delito como consecuencia de las diversas formas que adquiere y las personas que pueden estar en riesgo de ser víctimas.

Precisó que éstas son muy heterogéneas de acuerdo con las múltiples formas de explotación y trata en las cuales podría identificarse: personas en mendicidad forzada; con discapacidad obligadas al trabajo; niños, niñas y adolescentes en riesgo, así como adultos mayores, población indígena, y entre otras, quienes se encuentran ubicadas en distintos espacios de explotación y hostigamiento sexual.

Las formas, procesos y espacios de explotación sexual y trata de personas, advirtió, se ha complejizado y diversificado al incorporarse distintas tecnologías de la información, como Youtube, WhatsApp o Facebook.

Rodríguez Gutiérrez señaló que también se generan otras maneras de coacción, acecho, y captación de personas en ese ámbito, de tal forma que esa complejización implica nuevos retos metodológicos para identificar esos hechos delictivos.

Hoy es importante, sostuvo, reflexionar en mecanismos socio jurídicos, estrategias de prevención, intervención, así como el seguimiento de víctimas que coadyuven a identificar las pautas específicas que caractericen a dichos delitos. “Esto es importante para generar formas de alerta temprana en las y los jóvenes y menores que estén inmersos en algún caso de ese tipo de peligro”.

Recordó que las formas de explotación clásicas son: adopción ilegal de menores de edad; explotación laboral; formas de esclavitud; matrimonio forzado o servil; mendicidad forzada; prostitución u otras formas de explotación sexual; trabajo o servicio forzado; utilización de menores de edad en actividades delictivas.

Paralelamente, añadió, se deben actualizar los procesos para que las víctimas presenten el probable hecho de un delito, ya que este tipo de delitos representa una barrera psicológica en la presentación de este, quizá por síntoma de culpabilidad o bien minimizan el hecho ocurrido.

Lo anterior, concluyó, es importante porque cuando vemos las estadísticas oficiales dichos delitos son mínimos: a nivel nacional tráfico de menores, 94 casos; abuso sexual, 18,747; acoso sexual,4,736; hostigamiento sexual, 1,433; corrupción de menores,
1,776 y trata de personas, 437. A nivel Sonora, tráfico de menores, cero; abuso sexual, 513; acoso sexual 58; hostigamiento sexual, siete; corrupción de menores, 48; tráfico de personas, cero.

Un gran reto

Ana María Bravo Morales, licenciada en Trabajo Social y titular en la Comisión Especializada del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Gobernación por el Estado de Sonora, recordó que, en la Conferencia de Mujeres celebrada en enero de 1999 en Dhaka, Bangladesh, se instauró el 23 de septiembre como “Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños”.

“A 22 años de esta determinación, este fenómeno sigue siendo un gran reto para los gobiernos y las sociedades del mundo”, puntualizó la también coordinadora técnico pedagógico de Educación Preescolar en nuestra entidad.

Ana María Bravo dijo que la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han señalado que, de acuerdo con los datos estadístico, del total de personas víctimas de trata de personas el 49% son mujeres y el 23% niñas, lo que revela el peligro que representa esta actividad delictiva para este grupo de la población.

La trata de personas es la venta y desplazamiento de seres humanos adultos, adolescentes e infantes, con fines de explotación de su cuerpo o del producto de su esfuerzo personal, con flagrante violación de los derechos humanos, apuntó. “Esta problemática social se acentúa para mujeres, niñas, niños y adolescentes, que, por sus condiciones o situación de vulnerabilidad, se convierten en objetivo del crimen organizado”, expresó.

Indicó que para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la trata infantil incluye la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de una niña o niño con fines de explotación.

“A las niñas y niños, igual que a las mujeres adultas se les despoja de su humanidad para convertirlos en meros objetos de comercio o instrumentos para cometer delitos; mediante el uso del engaño o la violencia en todas sus manifestaciones, se les sobaja, se les usa de la manera más despreciable, convirtiendo al ser humano en el lobo del ser humano”, abundó en su comentario.

Explicó que entre los factores de riesgo se encuentran la pobreza extrema, el empeoramiento de las condiciones de vida familiar, la promoción de la prostitución infantil, la desintegración familiar, la carencia de valores familiares y sociales, educación deficiente, las adicciones, los desplazamientos forzados, las crisis migratorias y el incremento del crimen organizado.

“Los indicadores generales de mujeres, niñas y niños en situación de riesgo son: desnutrición, deshidratación y en algunos casos, escasa higiene personal; cortes, moretones, cicatrices, quemaduras, huesos rotos, traumatismos, fracturas de tabique nasal de repetición y pérdida de piezas dentales, u otras señales de problemas no tratados médicamente”, indicó.

Otras son, añadió, señales de violación o abuso sexual; procedimientos médicos forzosos, como abortos o pruebas de embarazo contra su voluntad o bajo coacción; infecciones vaginales, cistitis, infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA; enfermedades graves, incluyendo diabetes, cáncer o enfermedades cardíacas sin tratamiento; embarazos no deseados o en adolescentes; contar con implantes en senos y glúteos o cirugía plástica en la cara; enfermedades provocadas por el estrés postraumático como gastritis, colitis, dermatitis, ansiedad generalizada, depresión severa, trastornos ansioso-depresivos.

La prevención y cultura de la legalidad

“Todos tenemos la responsabilidad de prevenir y combatir esta actividad cruel e inhumana, y de proteger a las víctimas de las redes criminales, promoviendo una cultura de legalidad y humanismo. No basta con decomisar o congelar cuentas, asegurar bienes o detener a las personas que intervienen en este tipo de delitos, se requiere de una mayor participación de la sociedad civil”, dijo.

Planteó que si no existe demanda, no se genera el lucro esperado por los criminales y este tipo de delitos tiende a disminuir, por lo que se debe romper la cadena de consumo de esta actividad antisocial no fomentando el trabajo infantil, formal o informal, la indigencia, la prostitución, etc. “Tenemos que desarrollar vínculos de comunicación con nuestros familiares, entorno social y autoridades, y sobre todo denunciando toda aquella actividad que represente posible explotación de mujeres, niñas y niños”.

Ana María Bravo informó que la Universidad de Sonora, a través del Departamento de Trabajo Social de la División de Ciencias Sociales, viene desarrollando diversas actividades y diplomados relacionados con la familia y, especialmente con niñas, niños y adolescentes, por lo que se invita a la sociedad en general a conocerlos en la página de esta casa de estudios.

Grave y deshonroso problema social

Juan Manuel Gálvez Andrade, académico de la carrera de Sociología de esta casa de estudios, aseveró que sin duda alguna el tráfico, esclavitud y comercio de mujeres, niños y niñas constituye un grave y deshonroso problema social. “Las bandas de delincuentes que llevan a cabo este tipo de atrocidades deberían pagar con condenas y multas muy altas este tipo de actos”.

Consideró que ese tipo de delito es un negocio muy lucrativo por lo cual es muy difícil su erradicación, sea esclavitud sexual de mujeres, niñas y niños, tráfico de órganos, adopciones forzosas. Todo, expresó, nos lleva como sociedad a buscar soluciones que atenúen dicha problemática, y no nada más a cerrar los ojos y dejar todo a las autoridades.

“Nuestras familias, amigos y vecinos, debemos ser más cuidadosos con nuestros niños y niñas, hermanas, amigas, vecinas con el fin de que este tipo de delitos disminuyan y que sería interesante conocer cifras reales de denuncias con el fin de tener un panorama más claro de la comisión de este tipo de delito”, concluyó.