Redacción//
La corrupción es un fenómeno que se ha extendido y profundizado, de tal manera que hoy en día se considera uno de los problemas mundiales más graves y preocupantes en cuanto que sus efectos nocivos demeritan la convivencia social y trastornan todo proyecto de desarrollo y bienestar que puedan impulsar los gobiernos en cualquier parte del mundo.
La persistencia y agudización de este fenómeno ha propiciado que su complejidad se constituya en uno de los grandes retos de las sociedades actuales y de sus respectivos gobiernos, consideró Arturo Ordaz Álvarez.
Se trata, agregó el académico, de un fenómeno que trasciende fronteras y que, en ese sentido, construye redes de complicidad con personajes y grupos que juegan roles diversos que retroalimentan este perverso problema, generando condiciones, por un lado, para su propagación y preservación, mientras que, por otro, para construir mecanismos que den seguridad e impunidad a quienes incurren en este tipo de prácticas nocivas.
Abarca distintos ámbitos
Por su parte, en los mismos términos, Francisco Javier Santini Rodríguez afirma que debemos entender que la corrupción “abarca todos los ámbitos de la vida pública de nuestro país, que es un problema de los denominados estructurales, como la pobreza y la inseguridad pública.
“Es un problema multifactorial que, para poder incidir en él, se requiere la concurrencia de diversas instituciones públicas, pero también las organizaciones privadas y aquellas de orden social. Constituye una problemática que nos atañe a todos”, aseveró el también académico del programa de la Licenciatura en Administración Pública.
No hay avances, advierte IPC
Recientemente, Transparencia Internacional ha dado a conocer la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). El profesor Ordaz Alvarez comenta que este índice se trata de un instrumento que se diseña a partir de la opinión de académicos, especialistas, analistas de riesgo financiero y gente de negocios acerca del estado que guarda la corrupción en 180 países, entre ellos México.
Lamentablemente, el IPC nos advierte que a nivel mundial no existen avances en el combate a la corrupción, incluso se observan retrocesos en diversos países: el 86% de los países evaluados reportan mínimos o nulos avances. En el caso de México apunta el académico, el IPC se ha mantenido en los 31 puntos de cien posibles que se alcanzaron en 2020, cuando el país mejoró dos puntos y seis lugares respecto al año anterior.
El profesor Santini Rodríguez señaló que, “en los últimos siete años, del 2015 al 2021, México obtuvo la puntuación más baja en el año 2018 con 28 puntos, cuando ocupamos el lugar 138; sin embargo, en términos generales, de ese año a la fecha se han generado avances. El cambio en la percepción de los ciudadanos sobre este problema está relacionado con la voluntad y esfuerzos del Ejecutivo Federal en su combate a la corrupción.”
Sin embargo, afirma el docente, “tenemos que mejorar en términos institucionales los procesos de fiscalización, actualizar los procesos de impartición de justicia, disminuir los indicadores de impunidad relacionados directamente con actos de corrupción.”
Se requiere compromiso
En el caso de la corrupción en el gobierno, Santini Rodríguez plantea que es necesario impulsar y concretar diversas políticas públicas para enfrentar esta situación, así, considera que es fundamental “que nuestros gobernantes rindan cuentas en los tres ámbitos de gobierno; que los servidores públicos y los particulares estén sujetos a la aplicación de la Ley; se necesita hacer efectivas las sanciones a actos de corrupción pues en esa medida, sin duda, tendremos mejores resultados, tanto en el ejercicio del gobierno, como en el índice de percepción de la corrupción.”
Al respecto, Ordaz Álvarez señaló que “se ha dicho que la misión de los servidores públicos, de manera individual y en su conjunto, se alcanza de manera simple, con la ejecución de sus actos de conformidad con el marco normativo vigente y el compromiso con los principios que pautan el servicio público; y es cierto, pero hoy estos propósitos requieren de un compromiso superior con la ética pública, la que privilegia el interés público, el interés de todos, por encima de los intereses particulares.”
Concluyó que los lazos de la corrupción con el crimen organizado, con los especuladores y promotores de paraísos fiscales, y con una débil institucionalidad de las instancias estatales nacionales y supranacionales, favorecen la impunidad y los bajos índices de aplicación de sanciones que inhiban estas prácticas. La ética pública no es sólo discurso, implica acción, comportamientos de gobernantes y población en una relación de colaboración para prevenir, denunciar y sancionar a quienes incurran en prácticas corruptas.