El progreso de las urbes y las nuevas construcciones afecta el hábitat de las especies nativas y por ley, las empresas al obtener la extensión de permiso o cambio de uso de suelo están obligadas a rescatar o reubicar la flora y fauna de la zona para su reproducción natural.
Así lo afirmó Judith Araujo Moreno, directora general de Gestión y Política Ambiental de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes) en la conferencia Política Ambiental con Perspectiva de Género en México, actividad que fue organizada por el Bufete Jurídico Gratuito y el Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
En su intervención dijo que cada vez se hace necesaria la participación de los ciudadanos en general para construir políticas públicas que conserven y protejan el medio ambiente y los recursos naturales.
En el caso de Hermosillo, hay dos espacios en los cuales se deben de poner cuidado, uno es el cárcamo de la Sauceda, que depende del gobierno estatal, donde se está viendo la posibilidad de declararla área natural protegida con el propósito de preservar la flora y fauna del humedal; la otra zona es el cerro Johnson, jurisdicción del municipio de Hermosillo, lugar que ha sido adoptado por asociaciones civiles y grupos ambientalistas para su cuidado.
“Cuando se otorga una extensión de permiso o cambio de uso de suelo, todo lo que se refiere a vegetación nativa que esté alrededor de la ciudad, las inmobiliarias están obligadas a rescatar las especies, por eso es importante que las empresas saquen permisos ambientales porque ahí se les ordena rescatar o reubicar de sitio a las especies para su reproducción natural”, aseveró.
Indicó que las dependencias del gobierno sí aplican las normas ambientales, pero las personas que llevan a cabo actividades, por desconocimiento o por omisión, no cumplen con las obligaciones referente al cuidado del medio ambiente; es en este tipo de irregularidades el papel de los funcionarios públicos deben de coadyubar para que las empresas se regularicen.
“El estado de Sonora es grande y nunca será suficiente el número de empleados de las oficinas que atienden este tipo de temas porque son tantas las empresas que no atienden los lineamientos, pero una solución es la denuncia ciudadana anónima donde se exprese el uso indebido de los recursos, la cual se turnara para su seguimiento”, consideró.
Al ser cuestionada sobre qué se necesita para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de medio ambiente y recursos naturales, la funcionaria estatal expuso que todos los seres humanos tenemos un grado de responsabilidad para llevar a cabo acciones que impacten de manera favorable la vida en el planeta.
Reiteró que toda labor, por más pequeña que sea, tiene un efecto en el combate del cambio climático. “Desde cada trinchera todos debemos de aportar acciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente para vivir en armonía; por otro lado, las empresas tienen obligaciones ambientales y el gobierno tiene el compromiso de garantizar el derecho de tener un medio ambiente protegido y conservado”.
Acerca de la importancia que la Universidad de Sonora abra espacios de discusión y de acercamiento con diversos sectores sociales, Araujo Moreno comentó que es relevante la organización y desarrollo de foros que permitan conocer los derechos y obligaciones que rigen a los ciudadanos y empresas en relación con el cuidado del medio ambiente.
La conferencia Política Ambiental con Perspectiva de Género en México se realizó en formato híbrido en el auditorio Roberto Reynoso Dávila del Departamento de Derecho, con participación de estudiantes de los campus de Hermosillo, Santa Ana, Caborca, Cajeme y Navojoa.