Jesús Alberto Rubio/
Es de vital importancia el ejercicio que hace la Universidad de Sonora para promover la práctica profesional y de servicio social entre los estudiantes incorporados al Bufete Jurídico Gratuito, afirmó Rafael Reynoso Serrano, juez oral y especialista en justicia para adolescentes en San Luis Río Colorado.
Al abordar el tema Defensa adecuada y debido proceso: el papel de los abogados en la consolidación del Sistema Penal Acusatorio, señaló precisamente la necesidad del aprendizaje práctico de los estudiantes del derecho en el tema de justicia penal para efectos de que se pueda realmente defender a los imputados de manera completa.
En su intervención ante estudiantes de la licenciatura, les reiteró que deben prepararse lo mejor posible de manera armónica entre la teoría y la práctica profesional durante su paso por las aulas universitarias, ya que al momento de ir al campo profesional se evitarán situaciones embarazosas y peligrosas para sus representados.
“Ojalá que aprovechen su espacio formativo universitario para que cuando se presenten ante los jueces en el sistema de justicia penal se distingan y sean una positiva diferencia en la actividad y peticiones con fundamentos que ustedes presenten, ya sea como fiscales, defensores o asesores jurídicos”, expresó en el auditorio Roberto Reynosa Dávila.
El también estudiante del Doctorado en Derecho en la Universidad La Salle Noroeste, cuya línea de investigaciones versa sobre restricciones constitucionales a los derechos humanos, sostuvo que el derecho de contar con la asesoría de un abogado es esencial para que se pueda hacer frente a la actuación punitiva del Estado.
“Primero, porque permite gozar y ejercer los derechos que le corresponden a un acusado durante un juicio penal, como el de no ser sometido a una detención arbitraria, a no ser incomunicado, a ser informado de las razones de la detención, a no ser torturado, a guardar silencio, etcétera, y segundo, porque da la oportunidad de oponer los recursos, diligencias y promociones necesarias para la defensa”, indicó.
Precisó que al abogado corresponde, en último término, hacer valer sus derechos o, en su caso, que sus transgresiones tengan consecuencias jurídicas para el desarrollo y resultado del juicio a través de la promoción de los recursos legales correspondientes.
“Por el contrario, si las personas no cuentan con un abogado que las defienda durante un procedimiento, difícilmente tendrá la posibilidad de señalar alguna violación a sus derechos, empezando por el de no contar con asistencia legal debida”, concluyó.