Elías Quijada
Existen pocas acciones notables para reducir la vulnerabilidad, aunado a ello, el marco legal sanciona muy poco a servidores públicos que no cuentan con el perfil, o que tienen pobre desempeño y que la vulnerabilidad institucional se asume como una condición normal de los gobiernos.
Lo anterior forma parte de las conclusiones obtenidas en la VII Semana de Protección Civil “Vulnerabilidad social y la gestión del riesgo” que fue organizada por la Universidad de Sonora, a través de la Coordinación de Seguridad Universitaria del 14 al 18 de marzo en modalidad híbrida.
David Fontes Domínguez, coordinador de Seguridad Universitaria dijo que durante la actividad se impartieron 22 conferencias y un conversatorio donde participaron 28 ponentes de Chile, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos de América y México, en particular de Colima, Ciudad de México, Puebla y Sonora.
En los registros, al corte de clausura, indicó, se tuvo una asistencia híbrida de 200 participantes en vivo y 1,623 interacciones por chat entre los participantes y oradores; mientras que las grabaciones de las jornadas en el canal de YouTube: Seguridad UNISON, han tenido un alcance promedio de 2,500 visitas.
Por otro lado, cumpliendo las indicaciones de la rectora María Rita Plancarte Martínez, con el apoyo de consultores con registro en la Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora, se impartieron de manera simultánea para trabajadores y académicos en las unidades académicas de Nogales, Caborca, Santa Ana, Hermosillo, Cajeme y Navojoa, un programa de 20 horas de capacitación para brigadistas de protección civil establecidos en la normatividad vigente comentó.
Referente a los acuerdos y otras conclusiones emanadas de la VII Semana de Protección Civil, el coordinador de Seguridad Universitaria enfatizó que se requiere mayor participación de la academia, en especial de las universidades, para mediante eficientes programas de inclusión, lograr reducir los prejuicios y estereotipos que generan prácticas discriminatorias y amplían la brecha de desigualdad en relación con las personas con discapacidad.
Las ciudades mediante la adecuada planeación y cumplimiento de la normativa deben de ordenar responsablemente su territorio, porque las omisiones históricas y presentes están generando los riesgos que afectan a la población expuesta, pero impacta en mayor grado a la más vulnerable, agregó.
“Se requiere entonces, el desarrollo de políticas públicas basadas en un diagnóstico apropiado, amparados en normas, pero también, que el diseño de la política pública haya considerado la opinión de los grupos vulnerables a los que va dirigida, cerrando así un círculo virtuoso para alcanzar mejores resultados”, aseguró.
Por último, detalló que ha conocido valiosa información en relación a la gestión del riesgo y la protección civil que es generada en las organizaciones de la sociedad civil, en otras instituciones de educación superior y en la propia Universidad de Sonora, en cada división académica que ha participado y dado muestra de actividades de investigación y docencia que realizan.
“Es pertinente iniciar con la transversalidad de dicha información, particularmente la de aquellos estudios relacionados con la vulnerabilidad social, y difundirla para mediante la vinculación estratégica, incidir proactivamente en beneficio de nuestra sociedad”, puntualizó.