Jesús Alberto Rubio//
La violencia institucional hace referencia directa a todos aquellos actos u omisiones de las o los servidores públicos de cualquier orden de gobierno –incluyendo las universidades– que discriminan o tengan como fin, delatar, obstaculizar o impedir el goce de los derechos humanos de las mujeres o los hombres, afirmó María Auxiliadora Moreno Valenzuela, presidente de la Defensoría de los Derechos Universitarios de esta casa de estudios.
Asimismo, la académica del Departamento de Derecho dijo que ese tipo de violencia también habla de cómo puede impedir el acceso a las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, sancionar o erradicar ese fenómeno social y sus diferentes tipos de agresiones de género.
En su intervención virtual en el conversatorio La violencia en el ámbito de la educación, actividad que organizó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, señaló la importancia del compromiso de las instituciones de enseñanza superior de informar sobre los trabajos que se realizan –mediante protocolos ya establecidos– para erradicar la violencia de género a partir de los campus universitarios.
“Entendemos que todo protocolo, como es el caso de nuestra casa de estudios, tiene esa orientación para proteger a la comunidad universitaria en este tema, ya que las cifras no dejan lugar a dudas que quienes son las principales víctimas de violencia de género son las mujeres”, puntualizó.
Moreno Valenzuela se lamentó que aún haya estructuras universitarias sin un diseño que le de valor e importancia a la inclusión y perspectiva de género, lo cual obstaculiza, dijo, el avance de una manera más efectiva hacia la equidad y la erradicación de la violencia.
Se lamentó que la violencia de género “no se da a la luz pública”, sino de una manera oculta, luego entonces las víctimas tienen el problema de presentar denuncias y los elementos acusatorios.
Protocolo
María Auxiliadora Moreno recordó que en la Universidad de Sonora se tiene desde fines de 2019 con un protocolo para la prevención y atención de los casos de violencia de género, lo cual vino a fortalecer el marco de atención de la Defensoría –antes llamada Comisión—hoy bajo su responsabilidad.
Dio a conocer que ese documento surgió de la necesidad de impulsar y dar fuerza a los reclamos de que mujeres estudiantes eran víctimas de violencia de género, señalando que tal situación les llevó a organizarse y proceder a la denuncia a través de diversas actividades, como “El Tendedero” colocado en algunos departamentos académicos y lo cual se replicó como ejemplo en otras universidades del país.
“Aquella lamentable problemática dio pie a que se apresuraran los trabajos en esa área, los que fundamentalmente eran impulsadas por maestras y estudiantes universitarias, dando como resultado el protocolo vigente”, expresó.
Falta por hacer
María Auxiliadora Moreno Valenzuela reconoció que si bien es cierto en los ámbitos universitarios se ha generado mucho trabajo que busca acciones específicas para erradicar este problema, “todavía nos falta mucho trabajo en ese sentido”.
Dijo que la atención al problema debe ser generalizada y de manera institucional, incluyéndose por supuesto a quienes son de familia humilde, madre de familia, vivir fuera de su lugar de origen, o también ser indígena o alguna incapacidad.
Por fortuna, así lo calificó, que con todo y que el protocolo corresponde a la Defensoría de los Derechos Universitarios –como órgano facultado para atender el tema todo tipo de violencia de género–, lo relevante es que se tiene el apoyo y la coordinación de otras instancias de gobierno universitarias con muy buena respuesta.
“Ahora bien, es necesario que los mecanismos institucionales tengan el conocimiento de toda problemática en este tema y lo vean-atiendan y resuelvan con ojos de perspectiva de género”, sostuvo.
Capacitación y respuesta
Indicó que dentro del contexto universitario el funcionario que no atienda debidamente cualquier caso de denuncia sobre violencia de género, cae en omisiones o no da curso a quejas, ello puede traducirse en violencia institucional.
Por ello, afirmó, resulta necesaria la capacitación en este tema ya que todo funcionario está obligado a actuar y resolver las problemáticas de esa naturaleza que le competan. “Y esto debe darse tanto en la Defensoría como en cualquier otro órgano universitario”.
En su intervención adelantó el que pueda generarse un conversatorio que permita analizar los protocolos universitarios a fin de trabajar en la atención y erradicación de violencia de género y poner en la mesa en un foro público donde se interactúe con públicos y ver cuáles son los temas que se deben atender y actualizar.
“También las universidades tienen que trabajar en actualizar su marco normativo interno; no podemos estar a años luz entre todos los avances legislativos en protección de las mujeres contra las violencias en los ámbitos locales e internacionales… y no tenerlos en nuestros documentos internos”, concluyó.