Elías Quijada

La corrupción es un antivalor que se hace presente e impacta en el sector social, político y económico; es un fenómeno global que afecta a la comunidad y permea todos los ámbitos de acción gubernamental, no respeta niveles culturales, por lo tanto, combatirla es una tarea diaria, porque este antivalor siempre hará acto de presencia, aseguró Netzahualcóyotl Cabrera Murrieta.

El docente de la Licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad de Sonora dijo que la práctica de la corrupción en la política reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre las élites políticas y económicas, generando que, en el aparato administrativo, permanezca la ineficiencia de la burocracia y perpetuando formas parasitarias de intermediación, pues todos esto conduce a la pérdida de credibilidad y legitimidad en el estado.

En el impacto social, la corrupción acentúa las diferencias sociales al limitar el papel del Estado como mediador de las demandas de los distintos grupos sociales. Las clases populares o marginales se ven sometidas a un proceso de exclusión social y político ya que la corrupción las aleja del sistema formal y las obliga a acceder de manera informal a sus medios de subsistencia, indicó.

¿Qué dicen los datos?

El docente universitario citó que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a propósito del Día Internacional en contra de la Corrupción, cada 9 de diciembre, hizo de conocimiento público que, en el 2023, el 14.0 por ciento de la población mexicana de 18 años y más fue víctima de algún acto de corrupción y de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública en 2023, 59.4 por ciento fue víctima de corrupción, este dato ha sido el trámite con mayor proporción de víctimas de corrupción desde 2013.

Además, de las víctimas de corrupción en el año pasado, solamente el 4.8 por ciento denunció el hecho y esta cifra se ha mantenido en porcentajes similares desde 2015; en tanto, a comparación del 2023, 14 de cada 100 personas de 18 años y más que tuvieron contacto con servidoras o servidores públicos experimentaron algún acto de corrupción en al menos uno de los pagos, trámites y solicitudes realizados.

El año pasado, Zacatecas y Nayarit presentaron las prevalencias más bajas con 8.9 por ciento y 9.5 por ciento, respectivamente, mientras que Chihuahua presentó la prevalencia más alta con 21.9 por ciento. En cuanto a la evolución temporal, de 2013 a 2023, Baja California Sur, Colima y Zacatecas se han mantenido entre las entidades con niveles bajos de corrupción; en contraste, en Guerrero y Sonora la prevalencia de corrupción aumentó hasta 3 veces respecto a 2013.

En 2023, 4.8 por ciento de las víctimas de corrupción mencionó haber denunciado un hecho de corrupción ante alguna autoridad competente, lo cual representó 1.8 puntos porcentuales menos que en 2015, cuando se observó el nivel de denuncia más alto en el periodo.

Sobre las denuncias, los principales motivos por los que las víctimas no reportaron los actos de corrupción fueron porque el 29.5% aseguran que es inútil denunciar, el 18.5 por ciento por ser una pérdida de tiempo, el 12.6 dicen que la corrupción es una práctica muy común y el 11.6 obtuvo un beneficio.

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005, y pidió al secretario general que designara a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como la secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención.

Para crear conciencia contra este antivalor y difundir el meritorio papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.